Cuando la aseguradora se niega a pagar un aborto que es médicamente necesario

A principios de 2022, Ashley y Kyle estaban recién casados, y emocionados porque esperaban su primer hijo. Pero desde el comienzo de su embarazo, Ashley había tenido hemorragias, y en julio, a las siete semanas, comenzó a tener un aborto espontáneo.

Esto ocurrió unas semanas después que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho federal al aborto. En Wisconsin, su estado natal, volvió a entrar en vigencia una ley de 1849, que permite el procedimiento solo cuando la embarazada corre peligro de muerte.

En el país, la cobertura para la atención del aborto es laberíntica. A menudo, los pacientes no saben cuándo un procedimiento, o las píldoras abortivas, están cubiertas, si es que lo están; y la proliferación de prohibiciones ha exacerbado la confusión.

Ashley dijo que se encontró atrapada en esa maraña de incertidumbres.

La vida de Ashley no estuvo en peligro durante el aborto espontáneo, pero la prohibición del aborto en el estado significaba que los médicos en Wisconsin no podían realizar un D&E —dilatación y evacuación— incluso durante un aborto espontáneo hasta que el embrión no muriera. Condujo ida y vuelta del hospital, sangrando y tomando días por enfermedad en el trabajo, hasta que los médicos pudieron confirmar que el embarazo había terminado.

Solo entonces los médicos eliminaron el tejido del embarazo.

“Con el primer embarazo fue la primera vez que me di cuenta de que algo así podría afectarme”, dijo Ashley, quien pidió ser identificada por su segundo nombre y que su esposo solo fuera mencionado por su primer nombre. Ella trabaja en una agencia gubernamental con compañeros conservadores, y teme represalias por hablar sobre su atención de aborto.

Un año después, con la prohibición del aborto de 1849 aún vigente en Wisconsin, Ashley quedó embarazada de nuevo.

“Todo era perfecto. Empecé a sentir pataditas y movimientos”, dijo. “Fue el día en que cumplí 20 semanas, un lunes. Fui a trabajar, luego recogí a Kyle en el trabajo, y cuando me levanté del asiento del conductor, había líquido en el asiento”.

El saco amniótico se había roto, una condición llamada PPROM no viable. La pareja condujo directamente al triaje obstétrico en UnityPoint Health-Meriter Hospital, conocido como el hospital de maternidad más grande de Wisconsin. Se consideró que el feto estaba demasiado subdesarrollado para sobrevivir, y las membranas rotas representaban una grave amenaza de infección.

“Muchos pacientes que atiendo y que tienen una complicación del embarazo o, más comúnmente, una anomalía fetal grave, no tienen ninguna cobertura”, dijo Eliza Bennett, gineco-obstetra de Wisconsin.(Sarah Varney for KFF Health News)

Los obstetras y ginecólogos de todo Wisconsin habían decidido que “en casos de PPROM no viable, se debería ofrecer a cada paciente la terminación del embarazo debido al riesgo significativo de infección creciente, y la posible sepsis y muerte”, dijo Eliza Bennett, la gineco-obstetra que trató a Ashley.

Ashley necesitaba un aborto para salvar su vida.

La pareja llamó a sus padres; la madre de Ashley llegó al hospital para consolarlos. Bajo la prohibición del aborto de 1849 en Wisconsin, Bennett, profesora clínica asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, necesitaba que otros dos médicos atestiguaran que Ashley corría peligro de muerte.

Pero incluso con un arsenal de documentación médica, el seguro de salud de Ashley, el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales (FEP), no cubría el procedimiento de aborto. Meses después, Ashley entró al portal de facturación médica y se sorprendió al ver que la aseguradora había pagado su estadía de tres noches en el hospital, pero no el aborto.

“Cada vez que llamaba al seguro sobre mi factura, estaba llorando por teléfono porque era muy frustrante tener que explicar la situación y porque creo que debería estar cubierto”, dijo. “Me hacía sentir que era mi culpa, y que debería sentir vergüenza”, dijo Ashley.

Finalmente, habló con una mujer del departamento de facturación del hospital que le transmitió lo que la compañía de seguros había dicho.

“Ella me dijo, textual, ‘FEP Blue no cubre ningún aborto, en absoluto. Punto. No importa lo que sea. No cubrimos abortos’”.

University of Wisconsin Health, que administra la facturación para el hospital UnityPoint Health-Meriter, confirmó este diálogo.

El Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales contrata a FEP Blue, o FEP de BlueCross BlueShield, para proporcionar planes de salud a empleados federales. En respuesta a una solicitud de entrevista, FEP Blue envió un comunicado diciendo que “está obligado a cumplir con la legislación federal que prohíbe a los planes de Beneficios de Salud para Empleados Federales cubrir procedimientos, servicios, medicamentos y suministros relacionados con abortos, excepto cuando la vida de la madre esté en peligro si se lleva el feto a término, o cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violación o incesto”.

Desde 1976, el Congreso aprueba cada año esas restricciones, conocidas como la Enmienda Hyde, que prohíben que los fondos federales cubran servicios de aborto.

En el caso de Ashley, los médicos habían dicho que su vida estaba en peligro, y su factura debería haber sido pagada de inmediato, dijo Alina Salganicoff, directora de Políticas de Salud para la Mujer en KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye la redacción de KFF Health News.

Lo que hizo trastabillar la factura de Ashley fue la palabra “aborto” y un código de facturación que es criptonita para los seguros, dijo Salganicoff.

“En este momento, estamos en una situación donde hay una sensibilidad muy alta sobre lo que es una emergencia que amenaza la vida, y cuándo es una emergencia que amenaza la vida”, dijo Salganicoff. El mismo efecto paralizante que ha asustado a médicos y hospitales para no proporcionar atención de aborto legal también puede estar afectando la cobertura, agregó.

En Wisconsin, la falta de cobertura para la atención del aborto es generalizada, dijo Bennett.

“Muchos pacientes que atiendo y que tienen una complicación del embarazo o, más comúnmente, una anomalía fetal grave, no tienen ninguna cobertura”, expresó Bennett.

Recientemente, la factura de $1,700 desapareció del portal de facturación de Ashley. El hospital confirmó que ocho meses después, tras múltiples apelaciones, la aseguradora pagó el reclamo. Cuando se le contactó nuevamente el 7 de agosto, FEP Blue respondió que “no comentará sobre los detalles de la atención médica recibida por miembros individuales”.

Ashley dijo que enfrentarse a su aseguradora y experimentar el impacto de las restricciones al aborto en su atención médica, similar a otras mujeres en todo el país, la ha fortalecido.

“Estoy en esto ahora con todas estas personas”, dijo. “Me siento mucho más conectada con ellas, de una manera que no lo estaba tanto antes”.

Ashley está embarazada de nuevo, y ella y su esposo esperan que esta vez su seguro cubra cualquier atención médica que su médico diga que necesita.

Sarah Varney:

@SarahVarney4